Entre gallos y medianoche, el Ejecutivo presentó el mes pasado un proyecto de ley
para terminar con el Sistema Electoral Binominal. Esta iniciativa fue rechazada por la
Cámara de Diputados, pero ahora fue repuesta por el Gobierno en el Senado.
La clara oposición a esta iniciativa por parte de los parlamentarios de la Alianza va
más allá del costo electoral que la Concertación pretende hacerle pagar al poner en
discusión este tema, precisamente, cuando se enfrenta una segunda vuelta presidencial. Lo
cierto es que el proyecto adolece de problemas técnicos y de fondo, cuya aprobación no
puede sino ir en contra del interés general del país.
El proyecto propone eliminar el sistema binominal con una reforma a la
Constitución Política, pero sin establecer un nuevo sistema de elecciones que funcione en
su reemplazo. Así, esta propuesta carece de contenido; se trata de una suerte de reforma
en blanco, que no se hace cargo de las normas que operan al respecto en la Ley Orgánica
Constitucional sobre Votaciones y Escrutinios, pero obliga a la modificación del sistema
electoral.
En particular, la modificación planteada determina que el sistema de elecciones
parlamentarias deberá asegurar un resultado efectivamente proporcional y una adecuada
representación de las regiones del país, aspectos que merecen reparos.
En primer lugar, cabe hacer presente que al tratar las Reformas Constitucionales
(Ley N° 20.050) hubo un acuerdo político transversal para retirar de la Carta
Fundamental la referencia al tipo de sistema electoral con que se elige a los
parlamentarios. Es por ello que pretender fijar ahora el tipo de resultados que debiera
obtenerse de dicho sistema en el texto constitucional, se contradice con tal acuerdo.
En segundo lugar, los conceptos que plantea la iniciativa tienen un trasfondo
ambiguo y se prestan a interpretaciones conflictivas. Así, el Ejecutivo define la “efectiva
proporcionalidad en la votación popular” como la garantía de que el sistema “no excluyera
a nadie que no tuviera una votación adecuada para elegir sus representantes en el
Congreso”. Esta justificación del Gobierno resulta inentendible, ya que estaría
proponiendo asegurar la representación de quien no tenga una votación adecuada para ser
electo, lo que a todas luces es irracional y antidemocrático. Por lo demás, no queda claro
que quiere garantizar el Ejecutivo con los resultados de este sistema ¿Se refiere al
candidato, al partido, a la coalición o al propio elector?
Por otra parte, se busca asegurar que el sistema electoral de una “adecuada
representación de las regiones del país”, evitando la “sobre representación de las comunas
más pobladas del país”
El argumento del Ejecutivo es contradictorio con el sentido de proporcionalidad
que se quiere dar al sistema electoral, ya que es lógico que las zonas más pobladas tengan
más representantes que las comunas con menor población. Por lo tanto, o se define el
procedimiento de elección de escaños por aspectos meramente territoriales o se considera
el número de habitantes a representar en cada unidad territorial. Ambos aspectos tal como
los plantea el Gobierno, resulta n incompatibles.
Por último, se plantea eliminar el número de 120 diputados que establece la
Constitución. El sentido de esta supresión no es menor, ya que ella evita que a futuro se
requiera de una reforma constitucional para cambiar la cantidad de miembros que
componen la Cámara Baja.
Esta idea obedece al interés del Gobierno y la Concertación de aumentar el número
de integrantes de dicha Cámara, el que se manifiesta en el mismo proyecto al señalar que
“el establecimiento de un número fijo en la Constitución de diputados, entorpece el diseño
que el legislador puede hacer de un sistema electoral proporcional y representativo. Este
puede significar un aumento de la cifra que la Constitución establece, haciendo inviable
una modificación meramente legal que no fuera acompañada de una reforma a la
Constitución”.
Ahora bien, si el Ejecutivo busca aumentar el número de diputados, debiera decirlo
claramente a la ciudadanía y no determinarlo de manera separada al propio sistema
electoral. Por lo demás, un cambio en este sentido no es una modificación “meramente
legal”, como lo expresa el Gobierno, pues tiene efectos directos en el costo para el país por
la mantención de un parlamento más numeroso y afecta la composición y representación
de cada Cámara, temas que en ningún caso son un aspectos “meramente legal” para la
ciudadanía.
En definitiva, este proyecto resulta negativo para los intereses del país, ya que en él
se trata un tema tan delicado como es la manera de materializar la voluntad popular en la
representación parlamentaria, de manera ambigua, general, incompleta, con
contradicciones conceptuales y con una violación al acuerdo político que se tomó para
reformar la Constitución y que fue ampliamente difundido y valorado por el propio
Gobierno. Más allá de estos aspectos, resulta al menos grave que el Ejecutivo proponga
esta iniciativa con las fallas señaladas, ya que deja en evidencia que se trata de un
movimiento electoral, muy lejano a una propuesta seria y técnicamente sustancial.
Carolina Infante Dulcic
Cientista Política
Investigadora Fundación Jaime Guzmán E.